La pelea por quedarse con las causas de Tapia y Toviggino suma un nuevo capítulo: ahora el juez de Zárate reclama dos expedientes por lavado
La disputa entre jueces por las causas que investigan al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su poderoso tesorero, Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo. Después de enviar el expediente por la mansión atribuida a Tapia a la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, el juez federal de Zárate-Campana, Gabriel González Charvay, volvió a la carga: ahora se declaró competente en otra investigación por presunto lavado de dinero y reclamó además el expediente abierto tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni.
El nuevo planteo coincide con la estrategia judicial de Tapia y Toviggino de intentar concentrar las investigaciones en el juzgado de Zárate-Campana, al que consideran más favorable que los tribunales del fuero Penal Económico.
La maniobra no es nueva. Los presuntos testaferros de Toviggino, Luciano Pantano y su madre jubilada, ya habían conseguido mediante distintos planteos de incompetencia apartar de una investigación al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien avanzaba rápidamente sobre el patrimonio de los dirigentes de fútbol. Tras una serie de recursos y decisiones judiciales, aquella causa terminó finalmente en manos de Straccia. Hasta este viernes, la jueza Straccia no había recibido formalmente estos pedidos, aclararon fuentes judiciales a Clarín.
Ahora, sin embargo, González Charvay intenta nuevamente ampliar su intervención y reabre el conflicto de competencia.
La situación se volvió aún más compleja porque, como informó Clarín, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante le pidió esta semana a Straccia que le remita la causa por la mansión de Pilar para unificarla con el expediente por lavado de dinero que instruye a partir de la denuncia presentada por Tofoni.
De esta manera, sobre una misma trama judicial se cruzan pedidos de inhibición y de acumulación entre distintos magistrados. Se espera que durante la próxima semana tanto Straccia como Amarante respondan a esos planteos.
La investigación sobre la mansión atribuida a Toviggino se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Desde entonces, entre los sucesivos conflictos de competencia y la decisión de González Charvay de ordenar nuevas medidas de prueba antes de resolver cuestiones de fondo, el expediente lleva más de seis meses sin avances sustanciales. Esa demora permitió que Tapia y Toviggino llegaran al Mundial sin procesamientos en esa causa.
La nueva jugada de González Charvay
En forma sorpresiva, el juez federal de Zárate-Campana se declaró esta semana competente en la causa iniciada en Santiago del Estero por el fiscal Pedro Simón, quien había solicitado la detención de Tapia y Toviggino.
La decisión contrasta con lo resuelto tanto por la Cámara Federal de Casación Penal como por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que habían establecido que esa investigación debía tramitar en el fuero Penal Económico, donde interviene la jueza Straccia.
Para justificar su competencia, González Charvay sostuvo que el objeto central de la investigación debía ser el presunto perjuicio patrimonial sufrido por la AFA. Sin embargo, el expediente impulsado por el fiscal Simón investiga un presunto delito de lavado de activos cometido por Toviggino y su entorno en Santiago del Estero.
En los hechos, el magistrado de Zárate-Campana reencuadró la pesquisa como una presunta administración fraudulenta de la AFA para sostener que el expediente debía permanecer en Zárate-Campana.
También llama la atención que González Charvay haya reiterado los mismos argumentos que utilizó cuando intentó quedarse con la causa por la mansión de Pilar. En ambos casos sostuvo que la competencia correspondía a su juzgado porque la AFA tiene actualmente domicilio en esa jurisdicción, pese a que distintas denuncias sostienen que ese cambio fue una maniobra fraudulenta y que debía considerarse el domicilio histórico de la entidad, ubicado en Viamonte 1366.
Como parte de ese avance, el juez también reclamó a Straccia la investigación sobre la firma TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, y la causa relacionada con los balances de la AFA que, según la denuncia, omitieron registrar alrededor de 300 millones de dólares obtenidos en el exterior durante la campaña mundialista de la Selección Argentina.
La Cámara Federal de Tucumán, con jurisdicción sobre Santiago del Estero, ya había resuelto que la investigación impulsada por el fiscal Simón debía acumularse al expediente por la mansión de Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares.
Además, las maniobras que ahora pretende investigar González Charvay se habrían cometido cuando la AFA todavía tenía domicilio legal en la calle Viamonte.
Facturas apócrifas
En su resolución, González Charvay también hace referencia a una presunta maniobra de emisión de facturas apócrifas destinadas a “justificar el envío de fondos desde la institución, sin llevarse a cabo la prestación de los servicios declarados“.
Según el magistrado, en esas operaciones habrían intervenido las empresas Malte S.R.L., Dct S.R.L., Bori S.R.L., Ht S.R.L., Soma S.R.L., Norte Argentino S.R.L., Lindor S.R.L., Barwa S.R.L., Maroma S.A., Segon Srl, Carbello Srl, Servicios Neurus S.A., Servicios Lindor S.A., Vandap S.A.S., Wicca S.A.S. y Real Central Srl, anteriormente denominada Central Park Drinks Srl.
Con ese argumento sostuvo que, al verificarse la existencia de otra causa en la que se investigan los mismos hechos, corresponde aplicar la prohibición de doble persecución penal y solicitar que el otro juzgado se inhiba y remita las actuaciones para acumularlas en Zárate-Campana.
El antecedente clave
Antes de remitir la causa por la mansión a la jueza Straccia, González Charvay había ordenado a los peritos contadores de la Corte Suprema realizar una pericia integral para identificar a todas las personas físicas y jurídicas que intervinieron en las operaciones investigadas.
La hipótesis judicial sostiene que las empresas vinculadas a Toviggino no habrían generado ingresos lícitos suficientes para justificar la adquisición de ese patrimonio y que los fondos utilizados podrían haber sido desviados de la AFA.
La intención del magistrado era reunir evidencia sobre el delito precedente al lavado de dinero —una presunta administración infiel de la AFA— para luego avanzar sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.
Fuente: www.clarin.com
